Inmigración: La frontera del euro
Las crisis económicas abren siempre en los países nuevos debates sobre los inmigrantes y posturas encontradas acerca de aumentar los controles o abrirse a ellos como modo de ayudar a la recuperación.
Los ataques violentos y xenófobos aumentaron considerablemente en varios países europeos jaqueados por la crisis económica e incluso en España los médicos no podrán atender a los indocumentados a partir del 1 de septiembre, salvo en los casos donde corra peligro la vida de las personas. La resolución levantó una gran polémica en el país, donde centenares de médicos ya adelantaron que seguirán atendiendo a los indocumentados por una cuestión de ética y profesionalismo.
Además, la Unión Europea pretende controlar desde 2013 la inmigración en el Mediterráneo con drones (aviones no tripulados), aunque el interrogante es si la intención es salvar las vidas de las miles de personas que cada semana intenta cruzar de las costas del norte de África hacia Europa o simplemente reducir la cantidad de africanos que buscan en el Viejo Continente una vida alejada de la miseria y la violencia.
Y a pesar de que las encuestas revelan que más de la mitad de la población de la mayoría de los países europeos considera negativa la inmigración, una comisaria de la Unión Europea (UE) consideró que no se trata de una “amenaza” sino de “una oportunidad y un factor de crecimiento” para las economías en crisis.
Control en el Mediterráneo. La Comisión Europea presentó a fines de julio a los eurodiputados el plan “Eurosur”, que pretende vigilar el mar Mediterráneo con aviones no tripulados para controlar la inmigración, lo cual requeriría una inversión de 330 millones de euros para la compra de drones.
El proyecto establece que el objetivo es reducir la tasa de mortalidad entre quienes se desplazan desde el norte de África hacia Europa y paralelamente reducir el número de inmigrantes que llegan al denominado espacio de Schengen (que abarca a los Estados miembros de la UE) sin que hayan sido detectados.
Pero como era de prever, el proyecto generó voces a favor y en contra de la iniciativa. Quienes la apoyan intentan convencer a los miembros del Parlamento Europeo de que se apresuren a tratarla y aprobarla para que comience a regir el próximo año.
Pero los detractores temen las consecuencias que pueden llegar a tener el proyecto y sostienen que no son los aviones no tripulados los que pueden ayudar a salvar vidas sino políticas de Estado.
“Si un drone detecta un barco no puede hacer nada por ellos”, advirtió la eurodiputada alemana Franziska Keller en una entrevista al “Global Post” y consideró que ese dinero debería destinarse a los equipos de búsqueda y rescate de quienes intentan alcanzar las costas europeas a bordo de precarias embarcaciones.
Varios expertos advirtieron también que la iniciativa puede generar abusos como la militarización del espacio aéreo y la intromisión en los asuntos de los países de origen de los emigrantes.
Otro crítico de la iniciativa, el secretario general del Partido Humanista de España, Arturo Viloria, opinó que se pretende “crear una fortaleza frente a las situaciones de pobreza y de violencia económica que se vive en muchos países”.
Uno de los países que recibe la mayor cantidad de ilegales provenientes del norte de África es Grecia, donde creció en forma alarmante el número de ataques violentos y xenófobos.
De acuerdo con un informe de “Human Rights Watch” dado a conocer días atrás en Atenas, la violencia xenofóbica creció en especial en Atenas y otras grandes ciudades como Patras desde 2009 en adelante, cuando explotó la crisis económica.
Esto provoca que la “gente proveniente de zonas de guerra tengan miedo de ser atacados si salen por la noche en Atenas”, según la investigadora del organismo de derechos humanos Judith Sunderland. “Ni la crisis económica ni la migración pueden exculpar los fallos de Grecia para controlar la violencia que destruye su tejido social”, advirtió.
De acuerdo con el estudio, las principales razones de los ataques xenófobos son la profunda crisis económica por la que atraviesa Grecia, unida con años de fracasos en políticas de migración y asilo político, que no ha podido hace frente a los 130.000 inmigrantes ilegales que cada año llegan a las costas griegas procedentes de Turquía.
Como suele suceder en muchos países que atraviesan crisis económicas, gran parte de la población rechaza la permanencia de inmigrantes por considerar que generan una mayor presión sobre recursos ya de por sí escasos, como el trabajo, y en muchos casos los responsabilizan por robos y otros delitos.
Y esta postura se profundizó con la posición del partido neonazi “Amanecer Dorado”, que en los últimos meses impulsa el ataque nocturno contra los ilegales, especialmente pakistaníes, al grito de “fuera los extranjeros, Grecia para los griegos”. Este partido se arraigó a mediados de año en el electorado heleno, donde fue votado por unas 430.000 personas, 7 por ciento del total de los habilitados.
Sin embargo, “Human Rights Watch” destacó un cambio en la postura de la policía, con el arresto en los últimos meses de personas vinculadas con ataques xenófobos (incluyendo a miembros de “Amanecer Dorado”). Es que la mayoría de las veces, la policía desalentaba a las víctimas a realizar las denuncias debido a que eran ilegales y terminaba deteniéndolos a ellos.
El valor de los inmigrantes. La comisaria de Interior de la UE, la sueca Cecilia Malmström, admitió que la inmigración puede causar dificultades, pero advirtió que muchas veces se le tiene un miedo irracional y que puede ser tomada positivamente para impulsar el crecimiento de las economías sacudidas por la crisis.
La inmigración “no es una amenaza sino una oportunidad y un factor de crecimiento”, estimó la sueca. “Aunque el desempleo es alto, los empresarios me cuentan que les resulta difícil encontrar personal cualificado. En Alemania faltan ingenieros; de ahora a 2020, el sector europeo de la sanidad tendrá un déficit de dos millones de trabajadores.
Pero un informe de la OCDEacaba de mostrar que a muchas personas que podrían emigrar les atrae menos Europa que Brasil, Canadá o Australia, o aun Angola o Mozambique. Con el tiempo, esto puede causarnos graves dificultades”, advirtió.
Y agregó: “La inmigración será necesaria, principalmente por la evolución demográfica en la mayoría de nuestros países. Se estima que, sin nueva inmigración, en 2030 la población europea en edad de trabajar habrá disminuido un 12 por ciento”.
La funcionaria comunitaria recordó que cuando comenzó la guerra civil en Libia se temió que miles de libios huyeran masivamente hacia las costas europeas pero luego se comprobó que en realidad sólo el 4 por ciento de los que salieron del país se dirigieron al Viejo Continente. “Parece que las imágenes de botes cargados de inmigrantes clandestinos llegados a Lampedusa tienen más peso que los datos objetivos”, afirmó Malmström en declaraciones al diario “Le Monde”.
Sin embargo, Malmström reconoció que “en la mayoría de las grandes ciudades, la integración es un fracaso, y la formación de guetos es una realidad de la que los políticos son responsables porque no han actuado con suficiente energía”.
Más controles. Países como Alemania, Gran Bretaña, Francia y España endurecieron en los últimos tiempos las políticas contra los inmigrantes o planean poner más condiciones para el ingreso de extranjeros.
En España, a partir del 1 de septiembre los inmigrantes sin permiso de residencia quedarán afuera de la atención sanitaria pública gratuita, salvo cuando se trate de urgencias o en el caso de embarazadas y a los menores de 18 años.
El planteo generó una enorme polémica en el país, donde unos 900 médicos firmaron esta semana un manifiesto en el que se comprometen a “seguir atendiendo” a sus pacientes. "Mi lealtad hacia los pacientes no me permite faltar a mi deber ético y profesional y cometer un abandono", afirmaron los médicos, en rechazo a la controvertida medida del gobierno de Mariano Rajoy, en el marco de las políticas de ajuste implementadas para intentar reducir el déficit público de 8,9 por ciento del PBI en 2011 a menos del 3 por ciento en 2014.
Tras la polémica, el gobierno conservador español propuso que las personas menores de 65 años indocumentadas firmen una especie de póliza, similar a la que se suscribe con las obras sociales privadas, para tener cobertura médica. Para ello deberían pagar 710,40 euros al año (59,20 euros mensuales) mientras que los mayores de 65 años tendrán que pagar más del doble para recibir asistencia médica, unos 1.864,80 euros anuales.
Menos inmigrantes africanos. La llegada de inmigrantes ilegales a España provenientes del Magreb bajó un 3 por ciento en el primer semestre en comparación con el mismo período del año pasado, debido a la estabilización de los conflictos en Libia y Egipto, según un informe de la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) de la Unión Europea difundido la semana pasada.
“El descenso está en la línea con la tendencia dela UE, donde también ha habido una disminución importante", afirmó el director adjunto de Frontex, Gil Arias, quien explicó que el flujo de llegadas en los estados miembros dela Uniónse redujo en el mismo periodo más del 50 por ciento y pasó de las 74.200 personas en2011 alas 36.741 de 2012.
Hasta junio pasado, la entrada de inmigrantes de forma irregular por las costas aespañolas bajó un 8,5 por ciento, con 1.508 llegadas frente a las 1.649 del primer semestre de 2011.
"Al haberse estabilizado de alguna manera la situación tanto en Egipto como en Libia, los efectos de estos conflictos ya no tienen impacto en las llegadas a España", explicó Gil Arias a la agencia EFE.
Personas no gratas. Según un estudio reciente de “Public Attitudes to Immigration”, en todas las regiones del mundo sobresale la opinión de que la inmigración ha crecido desproporcionadamente (entre el 75 y el 85 por ciento de los entrevistados). Y en la mitad de los países se considera que su influencia interna es negativa.
Más de la mitad de los entrevistados (del 51 al 59 por ciento de varias regiones) considera que hay “demasiados” inmigrantes en sus países, y sobre todo en Europa, Medio Oriente y África creen que la presencia de inmigrantes es cultural y económicamente negativa y que les dificulta encontrar empleo. En estos casos privilegian la idea de una migración selectiva, de personas con mayor educación y altamente calificados para trabajos y profesiones donde escasea la mano de obra calificada.
La presencia de inmigrantes, incluso de los legales, en los países que atraviesan crisis económicas saca a la luz muchas veces políticas xenófobas de la población e incluso de los propios gobiernos.
Sin embargo, algunas voces logran alzarse en el seno de la Comisión Europea en favor de los migrantes. La propia comisaria de Interior no plantea “abrir las puertas de par en par” pero sí “buscar la manera de facilitar una nueva inmigración legal, que a la vez es también una manera de luchar contra la inmigración ilegal”.
Grecia impulsa redadas contra inmigrantes
Las autoridades griegas efectuaron hoy redadas contra inmigrantes indocumentados en Atenas, así como operaciones que incluyen el reforzamiento de la vigilancia y el patrullaje en la frontera con Turquía.
El objeto del operativo en la capital helénica es deportar a los migrantes sin papeles a sus países de origen o llevarlos a centros de retención en el norte de Grecia, según indicó una fuente policial.
Como resultado de ello, decenas de extranjeros indocumentados fueron detenidos en el centro de la urbe ateniense, según el diario Ekathimerini.
Conforme al rotativo, Grecia también envió un refuerzo de mil 881 guardias a su frontera noreste con la vecina Turquía para frenar el flujo de inmigrantes que atraviesan cada año el límite heleno-otomano con la esperanza de entrar a la Unión Europea (UE).
El traslado de gendarmes de Macedonia, Tesalia, Epiro y las islas Jónicas hacia el sector fronterizo de Evros comenzó este sábado pese a las objeciones de algunos de los policías desplegados.
Por el momento, la demarcación limítrofe en Evros es custodiada por unos 600 guardias griegos y la agencia de fronteras de la UE, Frontex.
Situada en el extremo sureste de Europa, Grecia es un país de paso frecuente para los migrantes procedentes de Asia o de África con destino a Europa Occidental.
Durante el primer semestre de 2012, la nación helena vio un incremento del 30 por ciento del flujo migratorio, con cerca de 120 inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera cada día.
Europa: “Fronteras tecnológicas” contra migrantes
La Unión Europea (UE) está en curso de implementar enormes estructuras de vigilancia fronteriza contra la migración ilegal que pretenden convertir a la región en una “fortaleza tecnológica”.
Sin embargo, las autoridades europeas no tomaron en cuenta “las dificultades insuperables a las que Estados Unidos se ha confrontado para introducir sistemas comparables, como el US VISIT, que es incapaz de registrar la salida de los viajeros de Estados Unidos, y el SBINET, el sistema de vigilancia de la frontera con México que fue abandonado tras la aparición de problemas tecnológicos y la explosión de los costos”.
Así lo indica un extenso y detallado reporte elaborado para la fundación alemana Heinrich Böll por Ben Hayes y Mathias Vermeulen. El primero de ellos, es experto en temas de justicia y asuntos internos de la UE dentro de la organización civil Statewatch, con sede en Londres, y el segundo es investigador del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia.
El documento –de 82 páginas y publicado en junio pasado– también fue financiado por el grupo de los Verdes del Parlamento Europeo. Su título es Al límite: Las nuevas iniciativas de la UE en vigilancia fronteriza.
Con base en el análisis de Hayes y Vermeulen, la eurodiputada alemana Franziska Keller advierte que los 27 Estados miembros de la UE buscan poner “rápidamente en marcha el Sistema de Vigilancia de las Fronteras Externas Europeas (Eurosur) para mejorar la cooperación entre las agencias de control fronterizo de Europa y la Agencia para la Protección de las Fronteras Externas de la UE (Frontex) con ayuda de tecnología de punta.
Además, explica la eurodiputada, la UE está por presentar la legislación que gestione las llamadas “fronteras inteligentes”, cuya misión será “lograr el control total sobre todos los movimientos de cruce fronterizo, siguiendo el modelo estadunidense. El plan contempla la introducción de una base masiva de datos que almacene información, incluyendo las huellas dactilares de todos los ciudadanos no europeos que entren o salgan del territorio de la UE”.
Afirma que uno de los propósitos de tal estructura “es identificar a los ciudadanos de terceros países que rebasan su permiso de estancia. En Estados Unidos un sistema parecido fracasó y nunca fueron introducidos los registros de salida del país”.
Desproporción
A manera de contexto el reporte indica que la UE cuenta con 500 millones de habitantes y que su territorio está delineado por 7 mil 400 kilómetros de fronteras terrestres y 57 mil 800 kilómetros de franja costera o fronteras marítimas.
Cifras oficiales estiman que cada año entran y salen de la UE 300 millones de personas; menos de la mitad son ciudadanos no europeos. Sólo una pequeñísima fracción de ellos ingresa ilegalmente.
A principios de 2011 llegaron a las costas italianas unos 25 mil tunecinos que huían del caos provocado por el alzamiento popular contra el régimen de su país. La mayoría de los desplazados por esa clase de rebeliones que estallaron en los países árabes (la llamada Primavera Árabe) fueron acogidos por las naciones vecinas como Túnez, Chad, Nigeria, Egipto o Argelia, según un reporte del 15 de junio de 2011 de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, que estimó ese número en un millón de personas.
Aun así, la UE tomó tres medidas para prevenir la migración y la residencia no autorizadas. En las reuniones del Consejo de la UE del 11 y 12 de abril de 2011, y del 9 y 10 de junio del mismo año, se decidió crear el Sistema de Vigilancia de las Fronteras Externas Europeas (Eurosur), así como establecer el Sistema de Entrada y Salida (EES, por sus siglas en inglés) mediante el cual se podrá registrar el movimiento de las personas que ingresen al Espacio Schengen de libres fronteras de la UE y ayudará a identificar a aquellas cuya visa de estancia haya expirado.
Además, la UE propuso la puesta en marcha de un Programa de Viajeros Registrados (RTP, por sus siglas en inglés), bajo el cual los viajeros de terceros países que se hayan previamente inscrito y probado que no representan un riesgo a la UE podrían ser beneficiados de una entrada más rápida al Espacio Schengen.
De acuerdo con la Comisión Europea, los migrantes que entran legalmente a la UE y luego se quedan, a pesar de haber vencido su permiso de estancia, conforman la mayor parte de la migración ilegal.
El plan es que el EES almacene en una sola base de datos los datos biométricos de todos los ciudadanos no europeos que entren al área Schengen de la UE, y que emita una alerta a la autoridad del país donde ingresó cualquier infractor a su fecha de salida. Ese almacenamiento de información sólo es legal actualmente en casos ligados al orden y la seguridad pública.
De esa forma, un ciudadano mexicano que, por ejemplo, haya entrado como turista a la UE a través de España, tiene derecho a permanecer 3 meses legalmente. Una vez que rebase ese tiempo, las autoridades migratorias españolas recibirían una alerta en relación con la situación ilegal de ese ciudadano mexicano. Actualmente sólo un control azaroso y desafortunado de sus documentos podría descubrir su infracción.
El RTP, por su parte, está concebido como un programa voluntario que permitiría a los viajeros de países que, a juicio de la UE, no representan un peligro migratorio (países de una “lista blanca”) beneficiarse de una entrada bajo un control “simplificado y automatizado”, siempre y cuando aporten previamente sus datos biométricos. El tiempo de control se reduciría de 1 o 2 minutos que dura actualmente a 30 segundos.
No obstante, remarca el reporte, un ejercicio de monitoreo realizado en 2009 arrojó que, cada año, las autoridades tendrían que tomar 57 millones de huellas dactilares adicionales de ciudadanos de países de la lista blanca.
En Estados Unidos, una evaluación del programa US VISIT reveló que, cuando fueron introducidos los controles biométricos, el procedimiento de entrada al país se alargó en 15 segundos. Si la UE pudiera registrar 57 millones de personas, eso agregaría un tiempo de fila de 27 años en sus fronteras, expone el texto de la fundación Böll.
La Comisión Europea contesta que el RTP permitirá acelerar los trámites, pero también reconoce que sólo 4 o 5 millones de ciudadanos de terceros países lo podrán usar por año. Se estima que en ese período entran 100 millones de personas provenientes de esos países.
Tales medidas, asegura el reporte, representan una respuesta desproporcionada al número relativamente pequeño de refugiados provenientes del norte de África que prefirieron marcharse a Europa durante las crisis políticas de esos países.
En ese sentido, hay un hecho que destacan los autores: esas propuestas fueron concebidas hace mucho tiempo y han sido consideradas activamente durante más de cuatro años, a pesar de que las instituciones de la UE comenzaron hasta recientemente a trabajar en una legislación formal.
Objetivo dudoso
El concepto de “fronteras inteligentes” lo impulsó decisivamente la Comisión Europea en una comunicación que lanzó el 15 de febrero de 2008, la cual proponía la utilización de controles de identidad automatizados, de nuevos archivos y sistemas de captura de datos y de mayores dispositivos tecnológicos, así como la creación del Eurosur con radares costeros, sistemas satelitales de rastreo, aeronaves no tripuladas (drones) y sistemas autónomos de localización para detectar pequeños transportes en el espacio de la UE.
La legislación que establece Eurosur fue publicada en diciembre último. Las del EES y el RTP, cuya presentación estaba programada para antes de las vacaciones de verano, fueron pospuestas para fin de este año con el propósito de examinar con más tiempo los estudios de viabilidad y llevar a cabo las deliberaciones entre las instituciones europeas.
El principal objetivo de Eurosur es mejorar la “percepción situacional” y la capacidad de reacción de los Estados miembros y de Frontex para prevenir la migración ilegal y el crimen trasfronterizo en territorio y aguas de la UE.
En la práctica, indica el reporte, la regulación propuesta extendería a todos los miembros del Espacio Schengen la obligación de realizar una vigilancia integral –“24 horas, los 7 días de la semana”– de las fronteras terrestres y marítimas designadas como “de alto riesgo” de migración clandestina; al mismo tiempo, permitiría a Frontex llevar a cabo una vigilancia en mares abiertos más allá de las aguas europeas hasta llegar a las costas y puertos del norte de África.
Esa presencia europea en aguas profundas, prosigue el texto, forzaría a los países de la UE a tomar acciones para localizar y rescatar embarcaciones en peligro, ya que así lo dicta la ley marítima internacional.
La Comisión Europea ha dicho en repetidas ocasiones que el papel futuro de Eurosur es “proteger y salvar vidas de migrantes”, pero, observan Hayes y Vermeulen, ni la regulación misma ni en numerosas evaluaciones o estudios vinculados a la misma está definido qué es lo que exactamente será hecho para ello y cuáles serán los procedimientos para saber qué hay que hacer con los migrantes rescatados.
Analiza el texto: “En ese contexto, y a pesar de la crisis humanitaria en el Mediterráneo de migrantes y refugiados que buscan alcanzar las costas europeas, Eurosur parece que formará parte de la política europea cuyo propósito es evitar que esas personas lleguen al territorio europeo en lugar de que sean un genuino mecanismo de salvamento”.
El sistema incluiría las llamadas “operaciones para empujar el regreso”, en las que las embarcaciones de migrantes son llevadas al país de salida, u otro no europeo, impidiendo a éstos ejercer su derecho a solicitar asilo a un Estado miembro de la UE.
El sistema se basa en una plataforma que relaciona un conjunto de nuevas tecnologías de vigilancia con 24 diferentes sistemas nacionales de vigilancia y centros de coordinación a nivel bilateral y a través de Frontex.
El reporte critica que el sistema de Eurosur no fue sujeto apropiadamente a una evaluación de riesgos, por lo que presenta “potenciales fallas técnicas y sobrecostos”.
“El desarrollo de nuevas tecnologías y el proceso de interrelación con 24 centros nacionales es extremadamente complejo y costoso”, precisa.
Y agrega: “A pesar de eso, las únicas personas a las que se les consultó si tal sistema funcionaría fueron las que trabajan para Frontex y las compañías que venderán el equipo informático necesario”.
Dos estudios de viabilidad fueron encargados a Frontex. Uno –el de la Red de Patrullas Costeras Mediterráneas– fue publicado en julio de 2006, pero el segundo –sobre el sistema de vigilancia fronterizo—fue clasificado secreto. Ambos documentos no fueron sometidos al escrutinio de los parlamentos nacionales europeos.
El Estudio Técnico para Eurosur fue producido en enero de 2010 por las compañías europeas ESG (contratista del Ejército alemán), EADS, Selex-Finmeccanica y Thales, que cotizaron 11 tipos de “sensores de vigilancia” y 18 tipos de “sistemas de vigilancia marítima”. En septiembre de 2011, con tres años de retraso, la Comisión Europea ordenó un estudio de los potenciales costos a las consultorías GHK, Unysis y Euroconsult.
La Comisión Europea estima que Eurosur costará 338 millones de euros, pero los métodos de cálculo “no soportan el escrutinio”, señala el reporte. Basado en los gastos recientes reportados por el Fondo de Fronteras Exteriores de la UE, el programa marco de investigación y los presupuestos del planeado Fondo de Seguridad Interior, los autores del reporte indican que su costo real será dos o tres veces mayor: aproximadamente 874 millones de euros.
Ese monto no podrá ser controlado por el Parlamento Europeo, ya que no hay manera de saber la cantidad que será usada en la financiación de Eurosur y aquella otra destinada al Fondo de Seguridad Interior, que corresponde a otra legislación. Sólo dispondrá de la información que contengan los reportes periódicos de la Comisión Europea y de Frontex, y dado que el sistema será financiado por varias líneas presupuestales, ya es desde ahora difícil para los eurodiputados conocer la suma que se ha gastado.
La frontera griega, una puerta trasera para Europa
En la estación del tren en esta ciudad, un hombre sin rasurar, con mirada cansada, estaba recargado contra la pared de ladrillo de un edificio, tomando el sol matutino.
Dijo que su nombre era Zulifoar Baht; que tenía 38 años, que era de Paquistán, y que su tren rumbo a Atenas llegaría hasta con media hora de retraso. Así es que sólo podía esperar, junto con una docena más o menos de inmigrantes indocumentados que finalmente habían llegado a Grecia desde Turquía, cruzando una de las fronteras más porosas de Europa.
La frontera de 126 millas entre Turquía, que no es parte de la Unión Europea, y Grecia, que sí es, se ha convertido en la puerta trasera para entrar, lo cual hace que los países miembros se resientan más que nunca porque sigue creciendo la oleada de inmigrantes de Oriente Próximo, el sur de Asia y África.
Frontex, el organismo de vigilancia fronteriza de la Unión Europea, estimó que una gran mayoría de cruces en 2011 ocurrió en la frontera greco-turca. El año pasado, dijo Frontex, más de 55.000 personas cruzaron la frontera, un incremento de 17 por ciento respecto del año anterior.
El flujo provocó el aumento en las tensiones por toda Europa, al grado en que el alto funcionario francés responsable de la inmigración sugirió seriamente que se construyera un muro a lo largo de toda la frontera. En Grecia, se estima que una de cada 20 personas está ilegalmente en el país, en un momento en el que se hunde en la deuda, la extrema derecha obtiene logros políticos y se hacen cada vez más comunes las situaciones en las que vigilantes blandiendo cuchillos desquitan su frustración con los inmigrantes.
Zarif Bajtyri, de 28 años, un dramaturgo enjuto, espabilado y aspirante a director de cine, dijo que huyó de Afganistán en 2006, tras haber hecho enojar a las autoridades con una obra de teatro, que escribió y dirigió, en la que critica a la poligamia. La historia de Bajtyri es triste: llegó a Grecia, donde lo encarcelaron y después lo liberaron, luego siguió por una ruta que lo condujo a Italia, Noruega, Suecia y de vuelta a Grecia en 2010 porque fue el punto de entrada.
Él, como muchos otros, ha estado atrapado en el sistema de refugiados de Grecia, cuyo trabajo está muy retrasado, lo que es resultado, en parte, de una norma antigua de la Unión Europea que estipula que la solicitud de asilo debe originarse en el primer país al que entró el inmigrante. Eso cambió en enero de 2011, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que enviar a quienes buscan asilo de regreso a Grecia podría violar sus derechos fundamentales porque el sistema griego se ha saturado y son muy malas las condiciones de vida.
Atenas está construyendo una barda de 7.3 millones de dólares en la frontera turca para cerrar el reducido cruce terrestre entre ambos países, pero pocos esperan que se detenga la afluencia. Al rechazar la solicitud de Grecia para que la ayudaran a pagar la barda, la Comisión Europea dijo que sería “inútil”.
El último obstáculo para llegar a Grecia es el valle del río Evros, que comienza en el norte, en la ciudad turca de Edirne, otrora la capital del Imperio Otomano. Al sur, del lado griego, las granjas a veces están rodeadas de alambre de púas y tienen letreros que advierten de la presencia de minas terrestres en los senderos adyacentes a los maizales. Aldeanos en la frontera hablan de inmigrantes que salen del río, mojados y con frío, para iniciar el recorrido hasta Atenas.
Sin embargo, la última escala para la mayoría de los inmigrantes realmente es Estambul, la muy poblada ciudad turca que es imán para quienes con frecuencia han caminado durante meses por las tierras remotas de Afganistán, Paquistán e Irán. Se ha criticado a Turquía por tener requisitos liberales para las visas, lo cual facilita que los inmigrantes entren legalmente al país y después continúen. Ciudadanos de Kazajistán, Kirguistán, Siria e Irán, entre muchos otros países, no necesitan visa para entrar en Turquía.
Una vez ahí, comparten departamentos hacinados y tratan de encontrar trabajo y ahorrar suficiente para pagarles a los contrabandistas por documentos falsos y pasaje para cruzar la frontera.
En el sótano abarrotado de una lúgubre fábrica de ropa en Estambul, Mustafá Mirzaie, de 18 años, trabajaba con su amigo Husein Rezaie en la reparación de un lavadero. Ambos son de Afganistán, una importante fuente de refugiados que tratan de llegar a Europa. El invierno pasado, caminaron 24 horas por las montañas heladas de Irán para entrar en el este de Turquía. Ahora hacen trabajitos para mantenerse hasta que puedan continuar el viaje. “Es difícil pero es la única opción que tenemos”, dijo Mirzaie. “Trabajaré aquí y voy a encontrar a un contrabandista. No tenemos otra opción”.
Sentado en un café al aire libre hace poco en uno de los barrios pobres de Estambul, un contrabandista llamado Mustafá habló sobre cómo opera su negocio.
Lleva a 16 personas a la vez en una camioneta de Estambul a la frontera, donde sus clientes caminan una hora hasta el río Evros y luego lo cruzan en balsas de hule. Cobra 1.000 dólares por persona por el viaje de tres horas. Contó que les dice a sus clientes que no tengan miedo de que los atrapen del lado griego de la frontera. “Les digo que no se preocupen porque no los quieren deportar”, dijo. “Sólo te quieren registrar y tomar el dinero de Naciones Unidas”.
A veces, no obstante, el recorrido simplemente es demasiado difícil. Hay un reducido número de personas que han llegado a Grecia, y está aumentando, pero regresan a Turquía.
A principios de este año, un día ventoso en Estambul, Mustafá y Alí, dos refugiados afganos de 17 años, estaban parados temblando en un parque en el mar de Mármara. Habían logrado llegar a Alejandrópolis pero se les había acabado el dinero. Así es que regresaron a Estambul.
Sus únicas pertenencias eran los zapatos, los pants y las camisetas que llevaban puestas. Habían esperado horas a un contacto en Estambul, pero no había aparecido. Sin documentos, hasta temían dejar el parque y buscar ayuda. Así es que estaban sentados ahí, mirando el mar, preguntándose qué harían después.
La crisis de Grecia coloca en el punto de mira a los inmigrantes
El reloj de la vieja estación de tren de Corinto está parado en las 9.33. El año pasado, la compañía estatal de ferrocarriles, con grave déficit, canceló buena parte de sus líneas. Ahora, los bancos vacíos en el andén de la estación se oxidan lentamente al sol del Peloponeso y las malas hierbas sepultan las vías. En la vieja oficina, los libros de cuentas están aún abiertos sobre la mesa, los papeles amontonados y la luz encendida, como si un día, de repente, alguien hubiese dicho a los trabajadores: Mañana no vengáis, se ha terminado el tren. Como el Estado del bienestar. Terminado. Fin.
La mayoría llegó a Grecia a través de Turquía. Los algo más de 200 kilómetros de frontera común, se han convertido en el mayor punto de entrada a la Unión Europea y el año pasado, las patrullas de FRONTEX detuvieron ahí a 57.025 inmigrantes, aunque la cifra de los que consiguieron pasar es probablemente mayor. Actualmente, en Grecia vive un millón de inmigrantes regulares y se calcula que otro medio millón sin papeles. Los centros de internamiento no dan abasto y los detenidos que no pueden ser deportados, son liberados al cabo de unos días. Y casi ninguno quiere quedarse en Grecia.
«Por favor, explicadme cómo salir de esta mierda de país. Si llego a saber cómo era no vengo», se queja un viejo argelino. En ciudades costeras como Corinto, Patras o Igumenitsa, los inmigrantes buscan colarse en los buques con destino a Italia para seguir rumbo al norte. Pero no es fácil, pues hay mucha vigilancia privada que no duda en moler a palos a todo el que trata de viajar como polizón: «Llevo seis meses intentándolo -prosigue el argelino-. Cada vez hay que arriesgarse más».
En otro vagón se halla Mostafá, de 20 años y amante del arte. Un afgano le pide que dibuje algo y él comienza a trazar las líneas del barco de la Hellenic Seaways, que parte cada semana para Venecia. Como si dibujándolo pudiese hacer realidad su sueño de escapar. Veinte minutos después, Mostafá estará tendido en el suelo con dos costillas rotas, víctima de una brutal agresión de la que este periodista fue testigo.
AMANECER DORADO / Según algunos vecinos, los agresores podrían estar ligados al grupo nazi Amanecer Dorado (AD), que en las elecciones del 6 de mayo logró el 7 % de los votos. «AD se está organizando en esta zona. Es una sociedad conservadora que busca a quien culpar de la crisis», explica un activista local. En los últimos tres meses de 2011 las oenegés detectaron 63 ataques racistas en Grecia, aunque prácticamente ninguno ha sido investigado por la policía. «Ya nadie quiere ayudar a los inmigrantes porque los griegos tienen su propios problemas», lamenta Nikitas Kanakis, presidente de Médicos del Mundo en Grecia.
De ahí que esta bomba social estalle ahora con más frecuencia. En Patras ocurrió la pasada semana, cuando tres afganos mataron a un joven griego, presuntamente por una disputa sobre drogas. El martes, una manifestación de protesta apoyada por los nazis se dirigió hacia una fábrica abandonada donde viven cientos de inmigrantes y los atacaron con cócteles molotov. Intervino la policía y ocho agentes acabaron heridos. A lo largo de la semana AD envió a sus muchachos desde Atenas y los disturbios continuaron.
Muchos inmigrantes están buscando rutas alternativas a los barcos hacia Italia: por Albania o Macedonia y, atravesando los Balcanes, llegar hasta Austria. Es muy complicada puesto que implica salir de la UE y atravesar nuevas fronteras. El iraquí Walid pagó 3.000 euros a los traficantes para que le llevasen por esa ruta, pero fue descubierto en Hungría y, en virtud de la normativa europea Dublín II, devuelto a Grecia. «Hay una gran hipocresía en el resto de Europa. Los inmigrantes no quieren quedarse en Grecia pero el norte cierra sus fronteras y los devuelve», denuncia Kanakis. «Aquí la situación es muy jodida», explica el tunecino Rami: «Todos queremos irnos para el norte, para Europa». Para ellos, Grecia ya no es Europa.
Las entradas de inmigrantes por Ceuta y Melilla son un 6% del total de la UE
La Agencia Europea de Fronteras (Frontex) ha hecho público su Informe Anual de Riesgo 2012, en el que hace una especial mención a las dos ciudades hermanas y su relación con los fenómenos migratorios al erigirse en frontera sur de Europa. La crisis entrelazada con la mayor presión de los sin papeles debido, en muchos de los casos, a motivaciones políticas está detrás de que los tantos por ciento de entradas y detenciones se hayan multiplicado. En el caso de Ceuta esa presión, asegura Frontex en su informe, ha sido “espectacular” en comparación con 2010, aunque comparada con las demás fronteras terrestres que mantiene la Unión Europea suponen un 6% del total de la presión.
De hecho la ruta que mayor presión fronteriza soporta es la del Mediterráneo central, con 64.000 entradas en un año procedentes en su mayoría de Túnez y Libia. La segunda ruta es la de la zona oriental, con 55.000 entradas que se corresponden sobre todo con la frontera de Grecia y la zona de los Balcanes e Italia. Ya como tercera vía de entrada aparecen las fronteras que representan las hermanas con Marruecos y el África Subsahariana, con 8.500 entradas en el caso de Ceuta. En su informe, dado a conocer ayer a los medios de comunicación, se alude a la “creciente debilidad de las fronteras” y hace especial hincapié en los riesgos a los que se ven sometidos los inmigrantes al pretender su entrada en endebles balsas de playa, más propias de juegos infantiles e incluso a nado.
Los riesgos a los que alude Frontex son los que se han materializado durante todos estos meses en imágenes dramáticas de inmigrantes exhaustos rescatados in extremis por la Benemérita o la Gadir. La Agencia Europea señala, con ejemplos, lo peligroso de travesías en las que los inmigrantes marchan en balsas que tan sólo pueden acoger dos o tres inmigrantes como mucho, cuando finalmente están soportando incluso diez, como ha habido casos. En el caso de los magrebíes rescatados, estos acostumbran a partir siempre en parejas, pero la presión que se registra en el caso de inmigrantes procedentes del África Subsahariana es notablemente superior.
La misma también se traslada a los intentos de escapada que se llevan a cabo en el interior de dobles fondos o camiones. Algo sobre lo que también advierte Frontex.
Aunque las autoridades de Bruselas reconocen que los esfuerzos de España desde el año 2008 han dado sus frutos, advierte que los acuerdos con los países subsaharianos siguen siendo básicos y que si estos tratados de colaboración y repatriación empiezan a fallar las oleadas de inmigrantes pueden “reanudarse rápidamente a pesar del aumento de la vigilancia”.
Para la Unión Europea, Ceuta y Melilla representan ya la segunda “frontera terrestre” más importante de toda la Unión, solo superada por el confín entre Eslovenia y Croacia (con 23 millones de personas) y por encima de la tercera frontera, la polaca-ucraniana, con siete de millones. En el caso de las hermanas suman diez millones de personas, cifra que incluye la presión migratoria y el tráfico rutinario de personas por las fronteras, tal es el caso de los marroquíes.
La denominada ‘Ruta Occidental Mediterránea’ de la inmigración clandestina, que engloba a las dos ciudades autónomas y el sur de la península, en los últimos meses está repuntando: “La presión ha ido en constante aumento a lo largo del 2011, hasta alcanzar caso las 8.500 detecciones”, apuntan.
Según Frontex, las autoridades fonterizas europeas aseguran que el año pasado se ha “doblado” la llegada de sin papeles de “origen desconocido” y de países “cada vez más lejanos” como son Costa de Marfil, Guinea, Nigeria o Congo. Este es un dato sobre el que hace especial hincapié la Agencia, al indicar cómo cada vez es mayor el número de inmigrantes que ocultan su origen a las fuerzas de seguridad o suele hacer alusión a nacionalidades de países limítrofes.
En cualquier caso, Frontex sospecha que los datos que facilita España sobre su «frontera terrestre sur» no son del todo completos y que podrían ser todavía más abultados porque la autoridades no incluyen en sus estadísticas «las denegaciones de entrada» de los inmigrantes ilegales que no son aceptados.
La primavera árabe, detrás de la mayor presión
Ya lo habían advertido las autoridades e incluso las fuerzas policiales: que los conflictos que han azotado al norte de África iban a tener un reflejo en la inmigración. Y así se hace constar en el informe hecho por Frontex, en el que los expertos europeos destacan el origen de los mayores movimientos de personas en Túnez o Libia precisamente con esos movimientos. También se ha dejado notar algo en las fronteras de las dos hermanas. En el informe Frontex sospecha que los datos que facilita España sobre su “frontera terrestre sur” no son del todo completos y que podrían ser todavía más abultados porque la autoridades no incluyen en sus estadísticas “las denegaciones de entrada” de los inmigrantes ilegales que no son aceptados pero que, señala, sí deberían haber sido incluidos en la relación numérica.
Alrededor de 40.000 inmigrantes sin Sanidad
La reforma laboral puede impedir el acceso a la sanidad pública a, aproximadamente, 40.000 inmigrantes irregulares en Canarias. Así lo indicó ayer el portavoz de inmigración de Intersindical Canaria, René Beotegui, quien precisó que "el 10 % de la población canaria es inmigrante, es decir, alrededor de 200.000 personas, de las cuales 40.000 se encuentran en situación irregular, aunque es una cifra aproximada debido a la dificultad de su situación".
Beotegui calificó de "racistas y xenófobas" las medidas tomadas por el Gobierno central "al negar el derecho a la asistencia sanitaria a aquellos inmigrantes en situación irregular". Una postura compartida por Mercy Yáñez, portavoz de la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España (Ferine), quien afirmó que "las medidas del Gobierno son una cortina de humo para alimentar el racismo y la xenofobia, así como la creencia de que los inmigrantes venimos a España a quitar empleo, educación y sanidad". El portavoz de Cobas Canarias, Rafael Segura, señaló que "es falso que el gasto que hacen los inmigrantes al sistema sanitario dé como resultado un balance negativo, cuando ellos aportan más de lo que reciben".
Para recaudar fondos, los portavoces propusieron "que se realicen reducciones en los controles del Frontex, el cierre de centros de inmigrantes, porque ya no se utilizan, y la anulación de expulsiones de inmigrantes irregulares". Asimismo, animaron "a todos los canarios" a participar en las movilizaciones que hoy se celebran con motivo del Día del Trabajador.
París quiere un presidente de Schengen y suspender al país que no cumpla
El nuevo Avión de Vigilancia de Indra nace llamado a ser un OPV (Optionally Piloted Vehicle)
En 2008, con el trasfondo del problema que la avalancha de cayucos africanos a las costas españolas generó, FRONTEX organiza un dispositivo en el marco del cual la Guardia Civil española plantea a Indra la necesidad de probar un nuevo sistema aéreo para vigilancia marítima, capaz de cubrir un radio que se extendiera más allá de las 30 o 40 millas que alcanzan los sistemas costeros y que fuera por tanto capaz de abarcar todas las aguas territoriales. La idea era buscar una alternativa a los aviones pesados de patrulla marítima, responsables tradicionalmente, junto a las fuerzas navales o los helicópteros, de la vigilancia de las Zonas de Exclusividad Económica (ZEE). Estas opciones, además del elevado coste de adquisición de las plataformas en sí, presentan elevados costes de operación, por el alto consumo de combustible por hora y, además, si no están dotadas de radar de vigilancia marítima, sus prestaciones son limitadas.
La reducción de los costes operativos era una prioridad para Indra y fue un factor determinante en la elección del P2006T MRI, que consume únicamente 24 litros/h de gasolina de automoción, (se calcula en unos 100 dólares el coste de la hora de vuelo) y cuyo precio de adquisición se sitúa, de media, un 40 por ciento por debajo respecto a las plataformas aéreas más económicas que hay hoy en el mercado. Además, puede operar desde aeropuertos muy pequeños y tiene 3,5 horas de autonomía.
La fase de comercialización ya está próxima, en tanto en cuanto en junio próximo comienza la fase de evaluación operativa, que se hará en Almería, y en septiembre se estará ya en condiciones de poder vender.
Indra da así un paso adelante con el P2006T MRI y pone en el mercado una opción perfecta y, fundamentalmente, diseñada para ser muy competitiva desde el punto de vista económico, que prevén será muy bien acogida en América Latina, donde la versión “Green Border”, para la vigilancia de fronteras terrestres, que ya se está evaluando, será igualmente una opción muy interesante. Prueba de la importancia que la empresa otorga a este mercado, es el protagonismo que se ha concedido al P2006T MRI en el stand de Indra en la mayor feria aeronáutica y de Defensa en América Latina, FIDAE.
Europa: el bote de la muerte
El 27 de marzo de 2011, 72 inmigrantes africanos que huían de la revolución contra el régimen de Muamar el Gadafi emprendieron un peligroso viaje por el Mediterráneo en un pequeño bote inflable. Sólo 11 de ellos sobrevivieron. Su bote encalló el 10 de abril en las costas libias.
Sus testimonios escandalizaron a la opinión pública europea: durante su infernal viaje a la deriva se cruzaron con embarcaciones militares o pesqueras, e incluso fueron identificados por aeronaves de la fuerza aérea, pero ninguno de ellos los rescató.
El pasado 29 de marzo, el Consejo de Europa presentó su informe final sobre una investigación que realizó sobre el caso. La ponente del reporte es Tineke Strik, senadora del Partido Verde holandés, que pertenece al Grupo Socialista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, Francia.
Sus hallazgos son insólitos y la narración de los hechos, tal como lo vivieron los sobrevivientes, a quienes ella entrevistó, es dura y emotiva.
La senadora holandesa comienza su reporte con el contexto. A mediados de febrero de 2011, recuerda, la población de Libia comenzó a sublevarse contra la dictadura del coronel Gadafi. En cuestión de semanas la situación política y social se deterioró y derivó en un enfrentamiento armado entre rebeldes y fuerzas favorables al régimen. Totalmente desprotegidos, muchos refugiados e inmigrantes que no pudieron huir del país por tierra se vieron forzados a hacerlo por vía marítima.
El 19 de marzo comenzaron los ataques de la comunidad internacional contra Libia. La situación de los inmigrantes empeoró todavía más, sobre todo para los de origen subsahariano, a quienes se acusaba de ser mercenarios a sueldo de Gadafi.
Dos días antes, el 17 de marzo, la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU expresó la preocupación “por la difícil situación de los refugiados y trabajadores extranjeros obligados a escapar de la violencia”.
El 29 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados reportó que la violencia estaba siendo “específicamente dirigida contra los refugiados y los demandantes de asilo”.
Ese mismo organismo había informado el 23 de marzo que 351 mil 673 personas habían escapado de Libia a través de Túnez, Egipto, Nigeria y Argelia. Pero en el caos desatado, muchos habían quedado atrapados en la capital, Trípoli. Si se quedaban ahí podían ser linchados o morir en los combates, y escapar a Túnez por tierra era muy peligroso. La última opción era intentar salir por el Mediterráneo, lo cual aprovecharon los traficantes para organizar viajes a la isla italiana de Lampedussa.
Entre la media noche y las dos de la mañana del 27 de marzo de 2011, un grupo formado por 50 hombres, 20 mujeres y dos bebés, todos subsaharianos, abordaron en el Puerto de Trípoli un bote inflable de no más de siete metros de largo. Algunas de las mujeres estaban embarazadas y todos los adultos eran muy jóvenes, tenían entre 20 y 25 años; provenían de Etiopía, Nigeria, Eritrea, Ghana y Sudán.
Los sobrevivientes narran que los militares libios los acompañaron a abordar el bote de fortuna. Los contrabandistas les quitaron sus provisiones para que pudieran subir más personas hasta casi estar unos encima de otros. Así, en la total oscuridad y con solo una caja de galletas y unas pocas botellas de agua, emprendieron el viaje.
Les habían dicho que les tomaría 18 horas de navegación llegar a Lampedussa. Cuando superaron ese tiempo la gente comenzó a sentirse mal física y mentalmente. En ese momento escucharon el ruido de una pequeña aeronave que patrullaba la zona. La senadora Strik está convencida que se trata de un aparato de la Defensa francesa, la que reconoce haber tomado desde una de sus aeronaves la fotografía de un bote inflable con unas 50 personas a bordo, en día y hora que coincide con el testimonio de los sobrevivientes, pero niega que tenga relación con el caso.
Cuando esa aeronave se alejó, los ocupantes del bote entraron en pánico. Había nubes negras en el horizonte. Un ganés, que viajaba con su mujer y que había sido designado “capitán”, decidió llamar con su teléfono satelital a un sacerdote eritreo que vivía en Roma, el padre Zerai, quien le había proporcionado su número para un caso de emergencia.
El padre escuchó al hombre decirle que estaban en problemas, que había mujeres y niños a bordo, que ya casi no tenían combustible y que el mar estaba muy agitado.
De inmediato, a las 6:28 de la tarde, el religioso se comunicó con la Guardia Costera italiana a través del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma (CCRMR) y les explicó la situación. También proporcionó el número del teléfono satelital para que los pudieran localizar.
El padre mantuvo comunicaciones con los inmigrantes y actualizaba al CCRMR. El padre dijo que no sabía si el bote había naufragado o no, pero que en el teléfono escuchaba gritar a la gente: “¡tenemos una emergencia, tenemos una emergencia!” y “¡socorro, socorro, apúrense, apúrense!”.
El padre y la Guardia Costera enviaron mensajes de texto con instrucciones para activar el servicio de comunicación de datos GPRS (General Packet Radio Service) del teléfono satelital a bordo, lo cual no fue posible. Cuando la Guardia Costera llamó para preguntar los detalles de su ubicación, la batería del teléfono se terminó.
Sin embargo, la Guardia Costera pudo obtener los datos de su ubicación a través del proveedor de comunicación satelital Thuraya: el bote se encontraba a 96 kilómetros de la costa de Trípoli.
Un helicóptero militar italiano se aproximó al bote. Los inmigrantes estallaron de júbilo, aplaudían y alzaban a los bebés para que los vieran los militares, que con ayuda de una cuerda descendieron varias botellas de agua y cajas con galletas. Hicieron gestos de que esperaran y se fueron. Pero ya no regresaron.
Con las coordenadas de localización del bote, a las 19:54 horas el CCRMR lanzó por varias redes y canales satelitales un mensaje de “SOCORRO” (DISTRESS en inglés, la máxima fase de alerta en la Convención de Búsqueda y Rescate) dirigido a los barcos que navegaban por la zona del canal de Sicilia.
A las 20:48 alertó por teléfono y fax al Centro de Coordinación de Rescate de Malta. A las 21:48 horas envió una alerta por fax al cuartel regional de la OTAN en Nápoles, Italia, solicitándole que avisara a su flotilla de barcos.
Al día siguiente, 28 de marzo, a las 6:06 de la mañana, el CCRMC envió una alerta bajo otro código marítimo –que advertía de un navío “en necesidad de asistencia”– a la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión (FRONTEX). Ese mensaje fue enviado cada cuatro horas durante los siguientes 10 días y pudo ser captado por embarcaciones de todo tipo.
En el bote estaban desesperados. El motor había sido apagado. Comenzaron a rezar. Una disputa surgió: el “capitán” no quería moverse de posición por si regresaban a rescatarlos, pero otros ocupantes querían que recuperara la trayectoria trazada por los “polleros”. Pero no podían porque el “capitán” había tirado al mar la brújula y el teléfono satelital cuando pensó que el helicóptero los rescataría, ya que no quería ser involucrado con la red de polleros.
Mientras navegaban a la deriva, se cruzaron con un pesquero con bandera italiana, pero cuando se intentaron acercar, los marinos levantaron sus redes y se alejaron. También lograron entablar contacto con un pesquero tunecino. Los pecadores les dijeron que no iban en la dirección correcta hacia Lampedussa y les indicaron una nueva. Los inmigrantes comentaron que no tenían ya combustible, pero los tunecinos contestaron que no podían compartir su reserva y se fueron.
La senadora Strik reporta también que el 27 de marzo, cerca de la infortunada embarcación navegaba el barco de aprovisionamiento chipriota Sea Cheetah, que no intervino por iniciativa propia ni tampoco le pidió que lo hiciera el CCRMC.
Las horas siguieron pasando. Los inmigrantes decidieron entonces prender el motor y seguir adelante en dirección noroeste ayudados por la posición del sol. El bote se quedó pronto sin gasolina. No había comida y faltaba agua para beber. Estaban en medio del Mediterráneo. Los inmigrantes entraron en pánico: el mar estaba picado, el viento soplaba cada vez más fuerte y las olas eran cada vez más violentas. El bote comenzó a sacudirse y a llenarse de agua; algunos tripulantes cayeron al mar y no pudieron ser salvados.
La situación se volvió insoportable: los ocupantes comenzaron a alucinar y a hablar de manera incoherente. Muchos no podían dormir y solo bebían agua de mar, lo que produce sed excesiva, daños cardiacos y cerebrales, dolores de cabeza, mareos, náusea, vómito y deshidratación. Un día, una mujer, presa de pánico, se lanzó al mar.
El quinto o sexto día comenzó a morir la gente; los niños primero. El décimo día la mitad había fallecido y sus cadáveres tuvieron que ser arrojados al mar por el olor insoportable que emanaba de ellos.
Fue durante ese último trance que el bote pasó tan cerca de un gran buque militar que los inmigrantes pudieron ver a los tripulantes con sus uniformes castrenses de diferentes colores y rampas para recibir helicópteros o jets. Los militares, aseguran los sobrevivientes del bote, comenzaron a verlos a ellos con ayuda de binoculares e incluso les tomaron fotografías. En el bote yacían todavía los cuerpos sin vida de los niños y de algunos adultos.
Los ocupantes del bote movían desesperadamente los brazos y gritaban en dirección del buque. Algunos saltaron al mar y otros intentaban acercar el bote remando con los brazos. Fue en vano. Nadie desde el buque intentó comunicarse con ellos y éste los abandonó sin haberles ofrecido ninguna asistencia. Los cuerpos de los bebés fueron echados al mar; también una mujer muy enferma.
Para identificar al buque, la senadora Strik pidió acceso a las imágenes que guarda el Centro Satelital de la UE. Para ello envió una carta a Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea.
El 19 de marzo pasado Ashton respondió que el centro en cuestión no archivaba datos del área y tiempos que Strik le requería. Más sorprendente aún: le dijo que, debido a que las fechas de los hechos coincidían con la operación Protector Unificado de la OTAN, y a que habían ocurrido en zona marítima libia, la información pedida podría estar catalogada como “Información Confidencial” por la OTAN.
La senadora pidió la cooperación del RCCMR, pero éste alegó dificultades técnicas. El gobierno de Malta ni siquiera respondió a su petición de ayuda. Los ministerios de Defensa de Grecia, Francia, Italia, Canadá, Rumania y Turquía respondieron que sus barcos no navegaron en esa hora precisa. Reino Unido y Estados Unidos tampoco contestaron las solicitudes que planteó la legisladora holandesa a nombre del Consejo de Europa.
El 10 de abril el bote inflable encalló en la costa libia de Zilten, a 160 kilómetros al este de Trípoli. Los que llegaron fueron detenidos. Once personas sobrevivieron, pero una mujer murió en la playa y otro en prisión.
El reporte del Consejo de Europa revela también que un barco de la OTAN navegaba en las cercanías del bote desde el primer día. Sus portavoces trataron de negarlo: dijeron que no habían recibido ninguna señal de socorro del bote y que no tenían registro del incidente; que no había evidencia que un barco de la OTAN estuviera implicado; que el único barco al mando de la OTAN era un portaaviones navegando el 29 y 30 de marzo, es decir antes del incidente, y pasó a 100 millas naúticas de la posición del bote.
Strik narra que durante un encuentro con oficiales de la OTAN se le informó que el barco de la organización más cercano al lugar de los hechos estaba a 38 kilómetros de distancia del bote en desgracia, y no se le quiso proporcionar el nombre de esa embarcación.
La senadora holandesa obtuvo evidencia que apunta a que un barco de la OTAN estuvo a solo 17 kilómetros de los inmigrantes. El 27 de marzo a las 8:07 de la noche el Comando de la Flota Naval Italiana llamó al CCRMC. Advirtió que un navío de la OTAN se ubicaba a 17 kilómetros del bote que solicitaba auxilio. Se trataba del buque naval español Méndez Núñez, que podía rescatar a los inmigrantes en menos de dos horas.
Los náufragos 'invisibles' para la OTAN, ante la tragedia de una Europa insolidaria
Era el 26 de marzo de 2011 cuando subió a la barca hinchable de no más de siete metros de largo en la que los viajeros, subsaharianos, se amontonaban unos sobre otros. Tras un periplo agónico en el que varias embarcaciones se les aproximaron y ninguna les socorrió, tal y como ha denunciado el Consejo de Europa, al tocar tierra firme en Libia los que quedaban vivos fueron detenidos.
Tras pasar unas horas en prisión -y ser despojados de las pocas posesiones que llevaban consigo como los anillos de matrimonio- el grupo quedó en libertad. Algunos recibieron ayuda de la iglesia católica en Trípoli y otros, como el propio etíope, intentaron de nuevo llegar a Lampedusa (Italia) aventurándose al mar. Esta vez, con éxito
Abu Kurke Kebato pidió asilo en Italia. Luego logró llegar a Holanda junto a su mujer, donde hizo una segunda petición para poder residir en el país.
Sin embargo, en la espera, ha sido detenido, según ha publicado 'The Guardian', que añade que será deportado en breve.
De los otros ocho, cuatro están pendientes de asilo
La situación del resto de los supervivientes no es mucho mejor. Bilal Yacoub (etíope, 30 años) y Ghirma Halefom (eritreo) se encuentran en Italia y esperan una respuesta a su petición de asilo.Dain Haile Gebre (eritreo) ha recibido asilo en Italia.
Los etíopes Mahmud Ahmed Ibrahim, Kabbadi Asfao Dadi y Elias Mohamed Kadi se encuentran en un campo de refugiados de Túnez pero han recibido asilo y se irán a Australia
Mariam Moussa Jamal (etíope y única mujer superviviente) será trasladada a Noruega. En dicho país se encuentra el etíope Filmon Weldmichail Teklegergis, cuya primera petición de asilo ha sido denegada y está pendiente de la segunda.
Acusación del Consejo de Europa
La información llega horas después de que en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se presentara un informe en el que la ponente, la senadora socialista holandesa Tineke Strik, denunciaba una cadena de "errores a distintos niveles" por los que "se perdieron muchas oportunidades de salvar las vidas de las personas a bordo del barco". En concreto, el texto señala a varios responsables como Libia, la OTAN, Frontex así como Italia y España.El Consejo de Europa afirma que había una fragata española, la 'Méndez Núñez', a menos de dos horas de navegación de la lancha a la deriva pero, como el resto, a pesar de recibir la alerta no acudió en su auxilio. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha desmetido dicho extremo.
Asimismo, en el informe se alerta de la situación de los supervivientes, solicitantes de asilo en países europeos.
Este mismo jueves, la policía holandesa decidició ejecutar la orden de expulsión y sacó a Abu Kurke Kebato y su mujer de un centro de acogida en el que se encontraban en la ciudad de Baexem.
En virtud de la Convención de Dublín, los países europeos en algunos casos pueden deportar a los inmigrantes irregulares en los puertos de desembarque, que en este caso se trata de Italia. El abogado de Abu Kurke, Marq Wijngaarden, ha adelantado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo holandé, aunque reconoció que "la deportación podría tener lugar en cualquier momento".
Asilo, asignatura pendiente
La política europea de asilo es una de las grandes asignaturas pendientes de la UE. Ya en 2010, antes del estallido de la Primavera Árabe que ha propiciado un aumento de las salidas de inmigrantes y las solicitudes, la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea reclamó a los socios comunitarios mejoras en la tramitación de las peticiones, sobre todo en lo relacionado a la información que se facilita a los solicitantes.Este año, la propia comisaria de Interior, Cecilia Malmström, aseguraba en un artículo publicado en ELMUNDO.es que "Europa suspende en solidaridad".
Según sus datos, en el primer semestre de 2011, seis Estados miembros concentraron más del 75% de la totalidad de solicitudes de asilo presentadas. Grecia, en una difícil situación económica, era uno de ellos. "Esto deja una larga lista de países europeos que pueden y deben hacer más", y recordaba que más de 700.000 personas se vieron obligadas a huir de la violencia en Libia y muchas de ellas acabaron en campos de refugiados de los países vecinos.
De las 8.000 personas a las que Naciones Unidas identificó como en especial situación de necesidad, el conjunto de los Estados miembros de la UE sólo alcanzó a comprometerse a acoger a 400. Noruega, un país no perteneciente a la UE, acogió a casi el mismo número por sí solo.
En declaraciones al diario británico, el joven Abu Kurke Kebato, que abandonó Oromia, en su Etiopía natal, por la violencia y pasó 20 días en el desierto hasta llegar a la costa norteafricana reconocía seguir traumatizado por los acontecimientos de la primavera pasada.
Grecia pretende detener y deportar a extranjeros por razones de salud pública
"La detención de no nacionales, tanto si han solicitado asilo político como si no, está prevista bajo la actual enmienda si suponen un riesgo para la salud pública", dice el proyecto de ley presentado esta semana por el Gobierno que dirige el exbanquero Lukás Papadimos, y publicado hoy por varios medios helenos.
El texto incluye, como ejemplo de tales eventuales casos, personas con enfermedades infecciosas o pertenecientes "a grupos de riesgo como usuarios de drogas intravenosas, trabajadores del sexo o gente que vive en condiciones que no alcanzan los estándares higiénicos mínimos".
Inspecciones de salud obligatorias
Añade que "los sujetos serán sometidos a inspecciones de salud obligatorias y al necesario tratamiento", y aquellos que se nieguen a cooperar con las autoridades podrán ser deportados.Los ministros de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, y Sanidad, Andreas Loverdos, ya habían anunciado el pasado fin de semana que tomarían medidas contra la "bomba para la salud" que, a su juicio, suponen los inmigrantes que viven en Grecia sin documentos.
La medida llega, además, después del fiasco que ha supuesto la llamada "macro operación contra la ilegalidad" del Ministerio de Protección Ciudadana (Orden Público), por la que durante la pasada semana fueron detenidos unos 2.000 extranjeros.
De ellos, sólo se pudo hallar cargos contra 420, de los que en 234 casos fue por no poseer documentos de residencia en regla, lo que implica que más de 1.500 fueron detenidos sin ningún tipo de acusación o sospecha válida.
El Gobierno ha anunciado la transformación de 30 antiguas bases militares en campos de reclusión para unos 30.000 inmigrantes indocumentados.
Varias ONG se han quejado de estas medidas, que muchos achacan a la proximidad de las elecciones, en las que se prevé un gran aumento del voto a los grupos ultraderechistas que hacen campaña exclusivamente con la cuestión de la inmigración.
Críticas de las ONG
"Es especialmente preocupante que aquellos que tienen derecho a protección internacional se enfrentan a la detención. Inmigrantes y refugiados no son criminales y no deberían ser tratados como tales", se quejó ayer Amnistía Internacional en un comunicado."Las autoridades griegas deberían retirar inmediatamente este tipo de medidas, que sólo exacerban el estigma hacia los inmigrantes y refugiados en el país", añadió.
De acuerdo con un estudio del grupo ("think-tank") ELIAMEP, en 2011 residían en Grecia 1,1 millones de inmigrantes, de los cuales 400.000 no disponían de documentos en regla.
Según los datos de la agencia europea de control de fronteras (FRONTEX), que dispone de una misión para ayudar a Grecia en la materia, en 2011 se registraron 57.000 entradas ilegales de inmigrantes en el país mediterráneo.
198 Inmigrantes murieron en el 2011 en aguas del Estrecho de Gibraltar
La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) ha señalado que un total de 198 inmigrantes, principalmente subsaharianos, fallecieron durante el pasado año en aguas del Estrecho de Gibraltar cuando intentaban alcanzar las costas de Andalucía.
Grecia, la puerta de entrada a Europa
España y Senegal renuevan un año más el Frontex y ponen las bases para "varios cientos" de contratos en origen
"ESPAÑA NO ESTÁ SOLA"
Bruselas admite que FRONTEX envía inmigrantes a centros griegos con condiciones "inaceptables"
La Comisión Europea ha admitido que su Agencia de Control de Fronteras (FRONTEX) envía a inmigrantes irregulares interceptados en sus operaciones a centros de detención griegos con condiciones "inaceptables", pero ha negado cualquier "responsabilidad" en las posibles vulneraciones de los Derechos Humanos que ocurren en estos centros y ha culpado a las autoridades helenas.
El Ejecutivo comunitario ha respondido así a las acusaciones de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), que en su último informe ha acusado a FRONTEX de exponer a los inmigrantes a sufrir un tratamiento "inhumano y degradante".
"Los funcionarios de FRONTEX han participado en el control de las fronteras exteriores y han participado en operaciones para capturar y transferir inmigrantes. El destino de estos inmigrantes lo eligen las autoridades griegas y las condiciones en las que están es competencia de las autoridades griegas", ha dicho el portavoz de Interior, Michele Cercone.
En todo caso, el portavoz ha admitido que la propia Comisión "es consciente de que las condiciones en alguno de esos centros son inaceptables". "Estamos muy frustrados por la lentitud en la mejora de las condiciones de detención", ha insistido, y ello pese a que el Ejecutivo comunitario ya ha lanzado un expediente sancionador y presta a Grecia "asistencia humana, técnica y financiera" para resolver estos problemas.
"No se puede responsabilizar a FRONTEX de las condiciones de detención, que son competencia nacional de las autoridades griegas", ha insistido en todo caso el portavoz. Y ha resaltado que "no hay pruebas, ni indicios, ni acusaciones" contra FRONTEX por vulneración directa de los Derechos Humanos.
La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, tiene previsto reunirse con responsables de HRW para abordar la situación en los centros de detención de inmigrantes de Grecia.
La Eurocámara aprueba reforzar FRONTEX para luchar contra la inmigración irregular en la Unión Europea
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes de forma definitiva por 431 votos a favor, 49 en contra y 48 abstenciones una norma para reforzar el papel de la Agencia de Control de Fronteras (FRONTEX) en la lucha contra la inmigración ilegal en la Unión Europea (UE).
La nueva norma obligará a los Estados miembros a ceder más aviones, barcos y personal a FRONTEX para sus patrullas marítimas y permitirá a la Agencia incluso comprar o alquilar el material que necesite.
La reforma, que ya ha sido pactada con los Gobiernos de los Veintisiete, entrará en vigor 20 días después de publicarse en el Diario Oficial de la UE, es decir, a finales de 2011.
El objetivo de esta iniciativa es mejorar la capacidad operativa de FRONTEX, que ha sido hasta ahora limitada debido a su falta de recursos, ya que la Agencia no tiene medios propios sino que son los países los que deben proporcionárselos.
Los Estados suelen prometer un gran número de medios a FRONTEX, pero se echan atrás cuando hay que poner en marcha operaciones concretas, como 'Hermes', que se puso en marcha para frenar la llegada a Italia y Malta de inmigrantes de los países árabes tras las revueltas ciudadanas.
A partir de ahora, con un año de antelación, la Agencia comunicará a los Gobiernos sus necesidades y cada país anunciará su contribución. A partir de ese momento, los Estados estarán obligados a enviar los medios técnicos y humanos que hayan prometido, a no ser que ello ponga en riesgo el control de las fronteras nacionales.
Además, la norma permite que FRONTEX pueda progresivamente alquilar o comprar, en solitario o en cooperación con algún Estado miembro, sus propios equipos como barcos o aviones.
DERECHOS HUMANOS
FRONTEX podrá codirigir las operaciones de las patrullas fronterizas con los Estados miembros de la UE. También se le permitirá prestar asistencia técnica a terceros países y desplegar funcionarios de enlace en terceros países.
La Agencia seguirá teniendo la posibilidad de coordinar operaciones de repatriación a sus países de origen, por ejemplo con vuelos conjuntos. Pero se refuerzan las garantías para asegurarse de que estas operaciones de retorno se lleven a cabo respetando plenamente los derechos fundamentales.
De hecho, a iniciativa del Parlamento Europeo, Frontex nombrará a un "agente responsable de los derechos fundamentales", que tendrá acceso a toda la información sobre las actividades de la agencia en este ámbito. Además, se creará un foro consultivo que asistirá al director ejecutivo y al consejo de administración en asuntos relacionados con el respeto de los derechos humanos.
La Agencia invitará a participar en el foro a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, a la Agencia de Derechos Fundamentales y al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, entre otros. Según el nuevo reglamento, el director ejecutivo de Frontex podrá suspender o poner fin a una misión en caso de violación de los derechos humanos.
Igualmente, entre las nuevas tareas de la agencia figurará la de asistir a los Estados miembros en situaciones que pueden implicar emergencias humanitarias y de salvamento marítimo.