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La Unión Europea (UE) está en curso de implementar enormes
estructuras de vigilancia fronteriza contra la migración ilegal que
pretenden convertir a la región en una “fortaleza tecnológica”.
Sin
embargo, las autoridades europeas no tomaron en cuenta “las
dificultades insuperables a las que Estados Unidos se ha confrontado
para introducir sistemas comparables, como el US VISIT, que es incapaz
de registrar la salida de los viajeros de Estados Unidos, y el SBINET,
el sistema de vigilancia de la frontera con México que fue abandonado
tras la aparición de problemas tecnológicos y la explosión de los
costos”.
Así lo indica un extenso y detallado reporte elaborado
para la fundación alemana Heinrich Böll por Ben Hayes y Mathias
Vermeulen. El primero de ellos, es experto en temas de justicia y
asuntos internos de la UE dentro de la organización civil Statewatch,
con sede en Londres, y el segundo es investigador del Instituto
Universitario Europeo de Florencia, Italia.
El documento –de 82
páginas y publicado en junio pasado– también fue financiado por el grupo
de los Verdes del Parlamento Europeo. Su título es Al límite: Las
nuevas iniciativas de la UE en vigilancia fronteriza.
Con base en
el análisis de Hayes y Vermeulen, la eurodiputada alemana Franziska
Keller advierte que los 27 Estados miembros de la UE buscan poner
“rápidamente en marcha el Sistema de Vigilancia de las Fronteras
Externas Europeas (Eurosur) para mejorar la cooperación entre las
agencias de control fronterizo de Europa y la Agencia para la Protección
de las Fronteras Externas de la UE (Frontex) con ayuda de tecnología de
punta.
Además, explica la eurodiputada, la UE está por presentar
la legislación que gestione las llamadas “fronteras inteligentes”, cuya
misión será “lograr el control total sobre todos los movimientos de
cruce fronterizo, siguiendo el modelo estadunidense. El plan contempla
la introducción de una base masiva de datos que almacene información,
incluyendo las huellas dactilares de todos los ciudadanos no europeos
que entren o salgan del territorio de la UE”.
Afirma que uno de
los propósitos de tal estructura “es identificar a los ciudadanos de
terceros países que rebasan su permiso de estancia. En Estados Unidos un
sistema parecido fracasó y nunca fueron introducidos los registros de
salida del país”.
Desproporción
A manera de contexto el
reporte indica que la UE cuenta con 500 millones de habitantes y que su
territorio está delineado por 7 mil 400 kilómetros de fronteras
terrestres y 57 mil 800 kilómetros de franja costera o fronteras
marítimas.
Cifras oficiales estiman que cada año entran y salen de
la UE 300 millones de personas; menos de la mitad son ciudadanos no
europeos. Sólo una pequeñísima fracción de ellos ingresa ilegalmente.
A
principios de 2011 llegaron a las costas italianas unos 25 mil
tunecinos que huían del caos provocado por el alzamiento popular contra
el régimen de su país. La mayoría de los desplazados por esa clase de
rebeliones que estallaron en los países árabes (la llamada Primavera
Árabe) fueron acogidos por las naciones vecinas como Túnez, Chad,
Nigeria, Egipto o Argelia, según un reporte del 15 de junio de 2011 de
la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, que
estimó ese número en un millón de personas.
Aun así, la UE tomó
tres medidas para prevenir la migración y la residencia no autorizadas.
En las reuniones del Consejo de la UE del 11 y 12 de abril de 2011, y
del 9 y 10 de junio del mismo año, se decidió crear el Sistema de
Vigilancia de las Fronteras Externas Europeas (Eurosur), así como
establecer el Sistema de Entrada y Salida (EES, por sus siglas en
inglés) mediante el cual se podrá registrar el movimiento de las
personas que ingresen al Espacio Schengen de libres fronteras de la UE y
ayudará a identificar a aquellas cuya visa de estancia haya expirado.
Además,
la UE propuso la puesta en marcha de un Programa de Viajeros
Registrados (RTP, por sus siglas en inglés), bajo el cual los viajeros
de terceros países que se hayan previamente inscrito y probado que no
representan un riesgo a la UE podrían ser beneficiados de una entrada
más rápida al Espacio Schengen.
De acuerdo con la Comisión
Europea, los migrantes que entran legalmente a la UE y luego se quedan, a
pesar de haber vencido su permiso de estancia, conforman la mayor parte
de la migración ilegal.
El plan es que el EES almacene en una
sola base de datos los datos biométricos de todos los ciudadanos no
europeos que entren al área Schengen de la UE, y que emita una alerta a
la autoridad del país donde ingresó cualquier infractor a su fecha de
salida. Ese almacenamiento de información sólo es legal actualmente en
casos ligados al orden y la seguridad pública.
De esa forma, un
ciudadano mexicano que, por ejemplo, haya entrado como turista a la UE a
través de España, tiene derecho a permanecer 3 meses legalmente. Una
vez que rebase ese tiempo, las autoridades migratorias españolas
recibirían una alerta en relación con la situación ilegal de ese
ciudadano mexicano. Actualmente sólo un control azaroso y desafortunado
de sus documentos podría descubrir su infracción.
El RTP, por su
parte, está concebido como un programa voluntario que permitiría a los
viajeros de países que, a juicio de la UE, no representan un peligro
migratorio (países de una “lista blanca”) beneficiarse de una entrada
bajo un control “simplificado y automatizado”, siempre y cuando aporten
previamente sus datos biométricos. El tiempo de control se reduciría de 1
o 2 minutos que dura actualmente a 30 segundos.
No obstante,
remarca el reporte, un ejercicio de monitoreo realizado en 2009 arrojó
que, cada año, las autoridades tendrían que tomar 57 millones de huellas
dactilares adicionales de ciudadanos de países de la lista blanca.
En
Estados Unidos, una evaluación del programa US VISIT reveló que, cuando
fueron introducidos los controles biométricos, el procedimiento de
entrada al país se alargó en 15 segundos. Si la UE pudiera registrar 57
millones de personas, eso agregaría un tiempo de fila de 27 años en sus
fronteras, expone el texto de la fundación Böll.
La Comisión
Europea contesta que el RTP permitirá acelerar los trámites, pero
también reconoce que sólo 4 o 5 millones de ciudadanos de terceros
países lo podrán usar por año. Se estima que en ese período entran 100
millones de personas provenientes de esos países.
Tales medidas,
asegura el reporte, representan una respuesta desproporcionada al número
relativamente pequeño de refugiados provenientes del norte de África
que prefirieron marcharse a Europa durante las crisis políticas de esos
países.
En ese sentido, hay un hecho que destacan los autores:
esas propuestas fueron concebidas hace mucho tiempo y han sido
consideradas activamente durante más de cuatro años, a pesar de que las
instituciones de la UE comenzaron hasta recientemente a trabajar en una
legislación formal.
Objetivo dudoso
El concepto de
“fronteras inteligentes” lo impulsó decisivamente la Comisión Europea en
una comunicación que lanzó el 15 de febrero de 2008, la cual proponía
la utilización de controles de identidad automatizados, de nuevos
archivos y sistemas de captura de datos y de mayores dispositivos
tecnológicos, así como la creación del Eurosur con radares costeros,
sistemas satelitales de rastreo, aeronaves no tripuladas (drones) y
sistemas autónomos de localización para detectar pequeños transportes en
el espacio de la UE.
La legislación que establece Eurosur fue
publicada en diciembre último. Las del EES y el RTP, cuya presentación
estaba programada para antes de las vacaciones de verano, fueron
pospuestas para fin de este año con el propósito de examinar con más
tiempo los estudios de viabilidad y llevar a cabo las deliberaciones
entre las instituciones europeas.
El principal objetivo de Eurosur
es mejorar la “percepción situacional” y la capacidad de reacción de
los Estados miembros y de Frontex para prevenir la migración ilegal y el
crimen trasfronterizo en territorio y aguas de la UE.
En la
práctica, indica el reporte, la regulación propuesta extendería a todos
los miembros del Espacio Schengen la obligación de realizar una
vigilancia integral –“24 horas, los 7 días de la semana”– de las
fronteras terrestres y marítimas designadas como “de alto riesgo” de
migración clandestina; al mismo tiempo, permitiría a Frontex llevar a
cabo una vigilancia en mares abiertos más allá de las aguas europeas
hasta llegar a las costas y puertos del norte de África.
Esa
presencia europea en aguas profundas, prosigue el texto, forzaría a los
países de la UE a tomar acciones para localizar y rescatar embarcaciones
en peligro, ya que así lo dicta la ley marítima internacional.
La
Comisión Europea ha dicho en repetidas ocasiones que el papel futuro de
Eurosur es “proteger y salvar vidas de migrantes”, pero, observan Hayes
y Vermeulen, ni la regulación misma ni en numerosas evaluaciones o
estudios vinculados a la misma está definido qué es lo que exactamente
será hecho para ello y cuáles serán los procedimientos para saber qué
hay que hacer con los migrantes rescatados.
Analiza el texto: “En
ese contexto, y a pesar de la crisis humanitaria en el Mediterráneo de
migrantes y refugiados que buscan alcanzar las costas europeas, Eurosur
parece que formará parte de la política europea cuyo propósito es evitar
que esas personas lleguen al territorio europeo en lugar de que sean
un genuino mecanismo de salvamento”.
El sistema incluiría las
llamadas “operaciones para empujar el regreso”, en las que las
embarcaciones de migrantes son llevadas al país de salida, u otro no
europeo, impidiendo a éstos ejercer su derecho a solicitar asilo a un
Estado miembro de la UE.
El sistema se basa en una plataforma que
relaciona un conjunto de nuevas tecnologías de vigilancia con 24
diferentes sistemas nacionales de vigilancia y centros de coordinación a
nivel bilateral y a través de Frontex.
El reporte critica que el
sistema de Eurosur no fue sujeto apropiadamente a una evaluación de
riesgos, por lo que presenta “potenciales fallas técnicas y
sobrecostos”.
“El desarrollo de nuevas tecnologías y el proceso de
interrelación con 24 centros nacionales es extremadamente complejo y
costoso”, precisa.
Y agrega: “A pesar de eso, las únicas personas a
las que se les consultó si tal sistema funcionaría fueron las que
trabajan para Frontex y las compañías que venderán el equipo informático
necesario”.
Dos estudios de viabilidad fueron encargados a
Frontex. Uno –el de la Red de Patrullas Costeras Mediterráneas– fue
publicado en julio de 2006, pero el segundo –sobre el sistema de
vigilancia fronterizo—fue clasificado secreto. Ambos documentos no
fueron sometidos al escrutinio de los parlamentos nacionales europeos.
El
Estudio Técnico para Eurosur fue producido en enero de 2010 por las
compañías europeas ESG (contratista del Ejército alemán), EADS,
Selex-Finmeccanica y Thales, que cotizaron 11 tipos de “sensores de
vigilancia” y 18 tipos de “sistemas de vigilancia marítima”. En
septiembre de 2011, con tres años de retraso, la Comisión Europea ordenó
un estudio de los potenciales costos a las consultorías GHK, Unysis y
Euroconsult.
La Comisión Europea estima que Eurosur costará 338
millones de euros, pero los métodos de cálculo “no soportan el
escrutinio”, señala el reporte. Basado en los gastos recientes
reportados por el Fondo de Fronteras Exteriores de la UE, el programa
marco de investigación y los presupuestos del planeado Fondo de
Seguridad Interior, los autores del reporte indican que su costo real
será dos o tres veces mayor: aproximadamente 874 millones de euros.
Ese
monto no podrá ser controlado por el Parlamento Europeo, ya que no hay
manera de saber la cantidad que será usada en la financiación de Eurosur
y aquella otra destinada al Fondo de Seguridad Interior, que
corresponde a otra legislación. Sólo dispondrá de la información que
contengan los reportes periódicos de la Comisión Europea y de Frontex, y
dado que el sistema será financiado por varias líneas presupuestales,
ya es desde ahora difícil para los eurodiputados conocer la suma que se
ha gastado.
